A 103 años de la fundación del canal de Panamá, la tasa impositiva del país es menor a la que existe en el resto de los países latinoamericanos, lo que beneficia a los sectores más acaudalados de la población.
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El 15 de agosto de 1914 se inauguró oficialmente el Canal de Panamá, una de las principales vías interoceánicas del comercio internacional, con tratados que concedían una franja de terreno de 10 millas de ancho a lo largo de la vía interoceánica al Gobierno de Estados Unidos.
La ampliación del Canal de Panamá fue inaugurada el 26 de junio de 2016 y se consideró como la mayor obra de ingeniería del siglo XXI, con gran repercusión en el comercio mundial. Es una obra que sigue causando polémica por los retrasos en su culminación y los sobrecostos que ha generado.
Actualmente, pese a que el control reside en el Gobierno panameño, Estados Unidos ha sido ampliamente beneficiado por el mismo, así como la élite del país centroamericano, que controla las rentas.
El consejo de ministros del Gobierno panameño autorizó el 1 de agosto un proyecto de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la próxima vigencia fiscal por 3.037,5 millones de dólares, un seis por ciento mayor al del año anterior.
Durante el período que inicia el próximo 1 de octubre, el Canal espera un récord de 429,4 millones de toneladas con más de 13.000 tránsitos, incluidos 2.335 Neopanamax, que pasan por las esclusas de la ampliación, inauguradas en junio de 2016, indicó el Gobierno.
Según la propuesta de presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal 2018, se proyecta un aporte directo al Tesoro Nacional de 1.659,2 millones de dólares y un aporte indirecto de 225 millones de dólares.
Además, se estima un aumento de 60,4 millones de dólares en ingresos por peajes, producto de un incremento de 30,2 millones de toneladas CP/SUAB 97 (un sistema universal de arqueo de buques).
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, la tasa impositiva del país es mucho menor a la que existe en el resto de los países centroamericanos y suramericanos, lo que favorece a los sectores más acaudalados de la población. Por lo tanto, los ingresos canaleros se destinan en gran parte a solventar los bajos impuestos que paga este grupo minoritario.
La mayoría de la población no es partícipe de las grandes decisiones relacionadas al canal ni en sus beneficios. Los ciudadanos demandan que las ganancias del canal permitan un desarrollo equilibrado del país, una mayor atención hacia el campesinado, los grupos indígenas y los sectores urbanos más desfavorecidos, además, de una reforma tributaria y más inversión, dirigida a solucionar el déficit que existe en infraestructura y servicios públicos básicos.
El 3 de junio, se cumplieron 23 años desde que los soldados estadounidenses comenzaron a retirarse del Canal de Panamá, tras los tratados Torrijos-Carter y que marcó un paso en el cumplimiento del mismo.
El entonces jefe de Gobierno de Panamá, Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos Jimy Carter, firmaron el 7 de septiembre de 1977 en Washington, un acuerdo que finalizaba por completo la permanencia de Estados Unidos en el Canal.
En un primer grupo, al menos 1.300 soldados fueron retirados luego de permanecer en el Canal por 32 años. El proceso se extendió hasta el 31 de diciembre de 1999.
