Testigos e informantes aseguran que no hay indicios en las pruebas presentadas que demuestren que Rousseff violó la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Los tres testimonios presentados por la defensa de Dilma Rousseff este viernes ante el Senado Federal de Brasil, en el marco del juicio político hacia la separada presidenta, ratificaron la inocencia de la líder de izquierda a y aseguran que ésta no violó la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Foto: Reuters
La jornada de 13 horas estuvo marcada por la ausencia de la mayoría de los senadores favorables a la derogación del mandato de Rousseff, quienes además se rehusaron a formular preguntas a los testimoniantes, alegando una supuesta 'economía procesual'.
No hay razón para un impeachmet contra Rousseff
Luiz Gonzaga Belluzzo, economista y catedrático universitario, intervino en el juicio como informante y no como testigo. En sus declaraciones resaltó que no logró descubrir en el proceder de la presidenta Dilma Rousseff algún elemento que justifique el impeachment que ahora está en marcha.
Gonzaga Belluzzo asegura que "es muy difícil explicar lo que está sucediendo" porque contrario a lo expuesto por la parte acusadora, "no existió ninguna operación de crédito entre el Gobierno Federal y los bancos públicos, sino una operación fiscal".
La parte acusadora sostiene que Rousseff debe ser apartada de su cargo porque firmó tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas pedaladas fiscales para supuestamente maquillar el déficit presupuestario de 2015, manipulando las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas verídicas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.
Geraldo Prado, profesor de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFJR), coincidió con el economista y catedrático en la ausencia de elementos que sustenten la existencia de un delito de responsabilidad que justifique el apartamiento de sus funciones de Rousseff.
Luiz Cláudio Costa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Educación, se pronunció de forma similiar en su testimonio. Costa recordó que la emisión de decretos suplemantarios para esa cartera es una práctica adoptada desde 2008 por decisión del propio Tribunal de Cuentas de la Unión.
El proceso avanza
Durante la sesión de este sábado la defensa ha de convocar a Nelson Barbosa (exministro de Hacienda) y a Ricardo Lodi Ribeiro (profesor de Derecho de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ)).
La comparecencia de Dilma Rousseff ante el pleno del Senado Federal será este lunes. Rousseff ha manifestado que asistirá para defender la democracia y los legítimos intereses del pueblo brasileño. La presidenta podrá realizar un alegato inicial de 30 minutos, prorrogable si el titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, lo considera.
Acto seguido, cada senador dispondrá de cinco minutos para interrogar a la mandataria, quien tiene la potestad de responder o no las preguntas que le formulen. Luego, comenzará la discusión del caso con la intervención, primero de la parte acusadora, y segundo de la defensa, y por último de cada uno de los 81 senadores, por un lapso de hasta 10 minutos cada uno. Finalizada esta etapa, Lewandowski leerá el relatorio resumido con los elementos aportados por todas las partes, antes de conceder la palabra a dos senadores favorables a la casación del mandato de Rousseff y a otros dos contrarios a esa decisión.
El objetivo de los legisladores que apoyan el apartamiento definitivo de Rousseff de la presidencia es que este mismo miércoles 31 de agosto se realice la votación nominal electrónica, en la cual cada miembro del Senado deberá optar por el SÍ o por el NO para responder si considera que la mandataria violó la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En contexto
Si Rousseff es apartada en forma definitiva, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.
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