Los bonistas que entraron al canje, pero que no cobran desde junio de 2014, amenazan con reabrir un frente de reclamos ante la justicia Argentina.
El abogado Tulio Zembo, representante de los bonistas italianos que ingresaron a la reestructuración de la deuda, anunció que conformará un grupo de trabajo con especialistas para reclamar sus deudas del pago tras la negociación de Argentina con los fondos buitre.
Zembo explicó que ellos reclaman el mismo trato que Mauricio Macri brindó a los buitres: "Si ellos cobran el cien, por qué no nosotros cobramos el ciento por ciento".
El dato: Los bonistas italianos que entraron al canje, pero que no cobran desde junio de 2014, amenazan con reabrir un frente de reclamos ante la justicia si Argentina logra sellar el acuerdo con los fondos buitre en caso de lograr el visto bueno del Congreso.
Adelantó que, de derogase las leyes Cerrojo y de Pago Soberano como pretende el macrismo, los bonistas italianos buscarán a través de la justicia internacional obtener el mismo trato que los fondos buitre.
"No estamos cobrando desde hace dos años y ahora parece que se les va a pagar el ciento por ciento a los que no entraron en el canje, entonces hay una situación evidentemente delicada", dijo Zembo.
El pasado 29 de febrero, el Gobierno de Mauricio Macri pactó con el fondo NML Capital, Aureluis y otros acreedores, para pagarles la cantidad 4 mil 653 millones de dólares, anunció el mediador judicial del caso, Daniel Pollack.
El acuerdo estará sujeto a la aprobación del Congreso, que además deberá derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, por pedido expreso de los demandantes, lo que pone en juego la soberanía política de la nación, según expertos.
EN CONTEXTO
Entre 2011 y 2012, los fondos buitre conformados por diferentes acreedores extranjeros reclamaron el pago de la deuda de mil 300 millones de dólares, es decir, el 100 por ciento de la misma adquirida por Argentina, además de la cancelación de intereses, hecho que avaló el juez de Nueva York, Thomas Griesa.
En 2014, bajo la gestión de Cristina Fernández, se logró revertir la decisión de Griesa y congelar el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda.
Argentina nunca se negó a cancelar la deuda, al contrario, apeló la decisión del Tribunal estadounidense y planteó la reestructuración de los pagos.
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